El ministro de Justicia de Rumanía, Tudorel Toader, pidió este jueves que la fiscal jefe de Anticorrupción del país sea destituida por "exceso de autoridad", lo que desencadenó horas después protestas callejeras y lo que, según los analistas, tensará más las relaciones entre el Gobierno y la Presidencia. Toader leyó un resumen de un informe de 20 puntos en el que abogaba por la destitución de Laura Codruta Kovesi, subrayando en rueda de prensa que la fiscal era la responsable de "actos y hechos intolerables para el Estado de derecho".
Bajo la gestión de Kovesi desde 2013, la Fiscalía Anticorrupción (DNA) aumentó el número de condenas considerablemente en uno de los países más corruptos de la Unión Europea, institución que vigila atentamente los avances de este país en materia de justicia.
El gobernante Partido Social Demócrata (PSD) intentó hace un año despenalizar varios delitos de corrupción mediante un decreto de urgencia, lo que provocó la oleada de protestas más importantes desde la caída del comunismo en 1989.
Una revisión judicial aprobada por la coalición gubernamental a finales del año pasado -que fue criticada por el presidente, miles de magistrados, la Comisión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU-, se está llevando a cabo en el Parlamento después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que algunas de sus disposiciones eran inconstitucionales.
“El DNA no es lo mismo que su fiscal jefe, cuyas acciones han demostrado que pueden poner en peligro a la institución a través de un exceso de autoridad (...) desafiando a la autoridad del Parlamento y a las decisiones de la Corte Constitucional", dijo Toader.
El ministro, que forma parte del tercer gabinete en apenas un año, se negó a responder a las preguntas de los periodistas, argumentando la conducta indebida por parte de algunos medios de comunicación.
Por su parte, el presidente Klaus Iohannis, que tiene la última palabra sobre la destitución de los fiscales, dijo en un comunicado que el informe de Toader no estaba claro y que era necesario analizarlo.
"El presidente ha dicho repetidas veces que estaba satisfecho con la actividad del DNA y su liderazgo, una opinión que continúa teniéndola", señaló la Presidencia en un comunicado.
El DNA ha investigado a legisladores, ministros, alcaldes, magistrados y empresarios en los últimos años por conflicto de intereses, abuso de poder, fraude y la adjudicación de contratos estatales a cambio de sobornos.
Ha enviado a más de 70 miembros del Parlamento a juicio desde 2006. Precisamente, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senado, Liviu Dragnea y Calin Popescu Tariceanu, respectivamente, están siendo procesados en casos distintos.
En una rueda de prensa, Kovesi defendió la semana pasada al DNA contra los ataques de algunos de los que están actualmente en juicios y dijo que no tendría motivos para renunciar si se lo pidieran.
"Este ataque no es contra Kovesi, sino contra los fiscales que han hecho su trabajo. Tienen como objetivo hacer que el Estado rumano se arrodille y humille a la sociedad y al pueblo rumano", afirmó.
Cientos de manifestantes se reunieron en la noche del jueves frente a la sede del Gobierno después de la rueda de prensa de Toader, gritando "No te saldrás con la tuya".
"En el caso de que hubiera gente que dudaba de que el ministro de Justicia no fuera un político, esta noche ha aclarado eso", dijo Sergiu Miscoiu, profesor de Ciencias políticas en la Universidad Babes-Bolyai de Cluj.
