​El Senado de Rumanía, que está dominado por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD), adoptó este jueves la tercera y última ley de una polémica reforma judicial, duramente criticada por el presidente Klaus Iohannis, la oposición y organizaciones de la sociedad civil al señalar que socava la independencia de la justicia. “Con 81 votos a favor, 28 en contra y una pitada (por parte de la oposición), el proyecto de ley fue adoptado”, anunció el presidente de la sesión, Claudio Manda.

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El presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, se mostró insatisfecho por las modificaciones: “Habría deseado una reforma más amplía y más valiente. Se ha hecho el mínimo necesario bajo condiciones de una presión pública que denota poco conocimiento”. Los cambios del poder judicial, que han desatado amplias protestas desde hace más de un mes, deben ser promulgados ahora por el jefe de Estado, quien dispone de la potestad de rechazarlos, reenviarlos al Parlamento y, como última opción, llevarlos a referéndum.

Precisamente, Iohannis arremetió el miércoles contra la reforma al subrayar que “existe un riesgo evidente de activar el artículo 7 en el caso de Rumanía, como en el de Polonia, si las leyes de la justicia se adoptan con las actuales modificaciones”. Los jueces y fiscales, así como la Unión Europea y los Estados Unidos, expresaron su disconformidad con las modificaciones al considerarlas que reducirán la independencia de los magistrados y restringirán las prerrogativas de la Fiscalía Anticorrupción.

Entre las medidas más controvertidas se halla la creación de una sección especial dedicada a investigar a los magistrados que cometan errores en sus decisiones judiciales. Además, el presidente ya no gozaría del derecho a nombrar y revocar a los jefes de las fiscalías, pasando esa elección al Consejo Superior de Magistratura.

La oposición de centro derecha recurrirán la reforma al Tribunal Constitucional, mientras que las organizaciones de la sociedad civil han obtenido el apoyo de asociaciones de estudiantes de derecho de varias ciudades del país para nuevas protestas ya anunciadas contra la reforma.