La Cámara Baja de Rumanía, dominada por el gobernante Partido Social Demócrata, adoptó este lunes una ley que modifica la supervisión de los magistrados, una medida que ha sido criticada supuestamente por amenazar la independencia de la justicia.

Florin IordacheFoto: gov.ro

Con 179 votos a favor y 90 en contra los legisladores sacaron adelante la norma, haciendo caso omiso a los 20.000 manifestantes que salieron el domingo en varias ciudades del país en contra de los cambios del poder judicial.

La nueva ley deberá ser aprobada por el Senado -que podría ser la próxima como muy tarde- y, después, promulgada por el presidente Klaus Iohannis, quien podría rechazarla y reenviarla al Parlamento, aunque está obligado a hacerlo tal como venga el texto tras la segunda revisión.

Sin embargo, el jefe de Estado puede recurrir la modificación ante el Tribunal Supremo, lo que podría dar tiempo al Grupo de los Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa a pronunciarse al respecto.

La nueva ley incluye cambios en la inspección judicial sobre la conducta de los jueces y en la elección de los fiscales, en la que el presidente ya no tendría el derecho a veto de los candidatos.

“Los fiscales llevan a cabo su trabajo de acuerdo con los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico, bajo la autoridad del Ministro de Justicia”, señala el texto.

Además, el proyecto de ley se refiere a la obligación del Ministerio de Finanzas de recuperar cualquier pérdida provocada por un error judicial, lo que podría condicionar cualquier dictamen judicial.

La Comisión del Parlamento que está debatiendo las modificaciones de las leyes sobre la justicia está encabezada por Florin Iordache, exministro de Justicia que dimitió por la ola de protestas más importante desde la caída del comunismo en 1989 tras un decreto ley que suavizaba la lucha contra la corrupción.