El Gobierno socialdemócrata de Rumanía aprobó hoy mediante decreto una polémica reforma fiscal, pese a las críticas de los sindicatos, los patronales y el presidente Klaus Iohannis, puesto que cren que supondría una disminución de los ingresos. Entre las modificaciones, que entrarán en vigor en enero de 2018, se hallan la reducción del impuesto sobre renta del actual 16 % al 10 % y el recorte de las contribuciones a la seguridad social del 39,25 % al 35 %.
Pero, la medida más controvertida, única hasta ahora en la Unión Europea (UE), es la transferencia de estas cargas sociales al trabajador, mientras que las empresas sólo pagarán un 2,25 % destinado a un fondo salarial. Las compañías con un volumen de negocios inferior al millón de euros también estarán obligadas a desembolsar un 1 % de su facturación en vez del impuesto sobre los beneficios que se encontraba en el 16 %.
El ministro de Finanzas, Ionut Misa, aseguró que el paquete de medidas conllevarán “importantes beneficios tanto a los ciudadanos como a las empresas”, subrayando que “los ingresos netos aumentarán”. Los sindicatos, que ya han convocado varias manifestaciones y han anunciado más protestas, temen que su poder adquisitivo pueda bajar hasta un 20 %, a pesar de que el Gobierno adoptó una subida de los salarios de los funcionarios un 25 %. Mientras tanto, los empresarios creen que la reforma afectará a la competitivad de las compañías.
El decreto, además, se ajusta a una directiva de la UE que dificultará que las multinacionales transfieran sus beneficios a sus empresas matrices. “El Gobierno desea introducir unas medidas firmes para parar la externalización de los beneficios”, señaló el primer ministro rumano, Mihai Tudose, durante la sesión del Ejecutivo.
El gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) defendió que estas modificaciones tributarias frenarán la enrevesada burocracia, lucharán contra la evasión fiscal e impulsarán los ingresos presupuestos.
Mientras que unas mil personas se manifestaban ante la sede del Ejecutivo en Bucarest, Tudose acusó a los bancos de animar a sus trabajadores a salir a la calle para protestar durante la sesión gubernamental. “Sólo les faltan pagar los impuestos”, declaró el jefe del Gabinete rumano.
